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Las fotos aquí presentadas son un compendio del libro En Negro y Blanco, editado en Argentina en el año 2006. La obra –una idea del fotógrafo Pablo Cerolini, con coordinación de Alejandro Reynoso y edición de Jorge Durán, Daniel García, Pablo Lasansky y Dani Yako- reúne las imágenes más importantes del período comprendido entre 1969 y 1985, y está dedicada a las víctimas del terrorismo de estado. En sus páginas hay registros del Cordobazo (1969), de la última dictadura militar (1976-1983) y del juicio a las juntas militares (1985) una vez retornada la democracia; y cada una de estas etapas es narrada no sólo a través del relato fotográfico, sino también de las palabras de algunas figuras que vivieron y pensaron ese tramo histórico.
En Negro y Blanco cuenta con textos de Josefina Martínez (antropóloga), José Nun (politólogo), María Seoane (periodista), Carlos Altamirano (sociólogo, cuyo texto incluimos en este envío), Estela de Carlotto (presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo), Eduardo Longoni (fotógrafo) y Gustavo Lo Valvo (diseñador gráfico), y tiene un prólogo a cargo de Cerolini y Reynoso. “Este libro es un homenaje a los reporteros gráficos que en aquella época estuvieron en el lugar de los hechos para retratar el espíritu de la época”, indican ambos hacia el final de la introducción. Ese tributo a la labor de los fotógrafos no existe sólo en el papel: los beneficios de la venta de En Negro y Blanco fueron y siguen siendo destinados a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
En Nuestra Mirada entendimos que era sustancial incluir este capítulo que marcó de modo irreversible el trabajo fotográfico en la Argentina, y cuyas consecuencias aún viven y resuenan en cada rincón de su sociedad.
Daniel Caselli, Nuestra Mirada
Fotografía y memoria, por Pablo Cerolini y Alejandro Reynoso
Este libro posa su mirada sobre el periodo de la historia nacional que va desde el Cordobazo hasta el juicio a las juntas, un periodo que conoció la dictadura más sangrienta y en el cual la violencia del estado se descargó con toda su fuerza sobre las manifestaciones políticas del pueblo. Desde nuestro lugar de reporteros gráficos nos propusimos buscar el material existente en el espacio de nuestra profesión que pudiera dar testimonio de aquellos hechos brutales, de su largo preámbulo, de su atroz consumación y de un epílogo que abrió una esperanza luego frustrada.
Todas las sociedades occidentales que en el siglo XX han vivido el horror de los genocidios, el terrorismo de estado y las dictaduras sangrientas, en algún momento se han enfrentado con la necesidad de conocer ese pasado, buscar la verdad de lo ocurrido y reconstruir la historia. En una palabra, han experimentado la necesidad de hacer memoria. Porque la memoria no es producto de una iluminación repentina sino de un lento y paciente trabajo de reconstrucción, y hay casos paradigmáticos -como el genocidio nazi- que han sido y siguen siendo incansablemente estudiados en una búsqueda que no termina.
La represión violenta contra las organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles, y en general contra cualquier tipo de manifestación de descontento popular, es algo que atraviesa las distintas etapas de la historia del país, y el “Cordobazo” representa en ese sentido un momento particularmente visible de esa práctica recurrente. El terrorismo de estado instaurado por la última dictadura militar (1976-1983) llevó la represión y el asesinato político a una escala antes desconocida.
Las dictaduras fueron épocas de censura y represión, y por eso mismo los medios de comunicación fueron objeto de especial control. Clausuras, censuras e intervenciones militares fueron moneda corriente, y la respuesta fue variada. Algunos medios practicaron el apoyo abierto o la colaboración directa, en tanto que otros adoptaron discretas estrategias de invisibilidad buscando no llamar demasiado la atención.
Los que llegamos a la profesión de reporteros gráficos después de finalizada esa etapa oscura solíamos escuchar que en los archivos no había nada de material sobre aquella época, porque habían sido saqueados. En alguna medida, este libro surge del deseo de constatar esa afirmación, con la secreta esperanza de que no fuera cierta.
Tras larga investigación, descubrimos que había más material del que se suponía. En el momento no se llegaba a percibir la real dimensión de la masacre, y los reporteros gráficos recorrían las calles, cubrían los hechos, fotografiaban los cadáveres y retrataban los rostros de los dictadores, como parte de su rutina de trabajo. Mucho de ese material nunca se publicó, pero quedó encerrado en algunos archivos, anónimo y con escaso orden.
En los documentos que se presentan en este libro, el terrorismo de estado es una presencia latente o explícita en la mayor parte de las imágenes, que obliga a hacer memoria de los hechos del pasado. No para dejarse ahogar por la nostalgia o el dolor, sino para construir un futuro que incluya el recuerdo, el castigo, la no impunidad.
Este es un libro de fotografía, no de historia. Ello justifica que no estén todos los hechos, ni todos los personajes. Sólo aparecen aquellos que fueron captados por los reporteros gráficos en algún gesto, en un detalle que condensa un significado que lo trasciende. Y eso es lo que contribuye a reconstruir el caleidoscopio de la historia.
La narración construida a partir de las fotografías elegidas es acompañada por algunos textos escritos por autores de diferentes ámbitos. La periodista María Seoane ve en estas imágenes una invitación a sentir, a rememorar, para encontrar el alivio del olvido pero a su vez el ejercicio doloroso de identidad. El sociólogo Carlos Altamirano, con información precisa y de modo didáctico, da cuenta de los acontecimientos históricos en arreglo a las motivaciones de los principales actores sociales y su contexto, de modo tal que nos ayuda a interpretar y comprender. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recuerda los primeros momentos de lucha, incertidumbre, dolor y miedo, y el aporte posterior de imágenes del terrorismo de estado y de intimidación a quienes pedían pacíficamente por sus seres queridos; ella nos señala lo que aún falta pero también lo que se ha caminado. El reportero gráfico Eduardo Longoni destaca de esos años el desafío que implicaba poner el cuerpo para obtener fotos de impacto que contaran la esencia de la época, abriendo ventanas que ahora cobran otro tamaño. Por último, una serie de anécdotas contadas en primera persona por reporteros gráficos que trabajaron en aquella época nos acercan a las condiciones en que entonces se desarrollaba el ejercicio de la profesión.
El libro admite varias lecturas, dos de las cuales queremos destacar aquí. Por un lado, es una edición subjetiva que elige mostrar algunas imágenes de un periodo histórico intenso y trágico. Por el otro, intenta echar una mirada sin condicionamientos sobre un fenómeno terroríficamente objetivo: el Terrorismo de Estado, de sus preludios a sus efectos.
Pero por sobre todas las cosas, este libro es un homenaje a los reporteros gráficos que en aquella época estuvieron en el lugar de los hechos para retratar el espíritu de la época.
Un pasado todavía reciente, por Carlos Altamirano
De los muchos golpes de Estado que conoció la Argentina a lo largo del siglo XX, probablemente ninguno fue más anunciado que el que derrocó al presidente Arturo Illia el 28 de junio de 1966. Desde un año antes, los semanarios de actualidad, que eran la fuente principal de los rumores, informaban del malestar en las fuerzas armadas, de reuniones entre oficiales y dirigentes civiles, de planes e incluso de fechas para el próximo establecimiento de un régimen militar. Cuando finalmente el golpe se produjo, el hecho pareció dar cumplimiento a un desenlace inevitable. Se destituyó al presidente así como a los gobernadores, se disolvieron el Congreso Nacional y los parlamentos provinciales, se liquidaron los partidos políticos, la Constitución fue subordinada a un estatuto prescripto por los jefes militares y el general Onganía fue ungido para presidir la denominada “Revolución Argentina”.
Con la implantación del nuevo régimen, llegaron al poder un proyecto de modernización autoritaria del capitalismo argentino y la doctrina de la seguridad nacional. Esta doctrina, que orientaba la percepción militar de la realidad argentina y mundial, descansaba en la tesis de que la agresión interna o subversión era la nueva forma de la conspiración comunista. Por lo tanto, las fuerzas armadas debían definir su papel en la vida nacional en función de combatir esa amenaza. Uno de los motivos que se invocaron para el golpe había sido justamente el de enfrentar la agitación subversiva.
La mayoría de los partidos políticos acató, cuando no apoyó el nuevo orden. Sólo el radicalismo, el partido derrocado, unos pocos dirigentes del peronismo provincial y algunos grupos de la izquierda expresaron su rechazo. La única tentativa de impulsar una resistencia provino de la Universidad de Buenos Aires, pero fue prontamente reprimida por la dictadura: la represión de estudiantes y profesores en la Facultad de Ciencias Exactas quedaría grabada con un nombre simbólico: “la noche de los bastones largos”.
¿Por qué encontró tan poca oposición un régimen que se había impuesto por la fuerza, se arrogaba la representación de la nación y confiscaba derechos cívicos y políticos del pueblo argentino? Había, sin duda, sectores que tenían expectativas en la solución autoritaria, tanto entre liberales como entre nacionalistas. Pero más allá de quienes daban apoyo a la dictadura, en favor de ésta jugaba el extendido descreimiento respecto de los partidos y la democracia política. Varios hechos se sumaban para alimentar esta desconfianza: la anomalía del sistema político, que desde 1955 tenía como fundamento la proscripción del peronismo; la comprobación repetida de que los gobiernos civiles resultaban débiles frente al poder de las fuerzas armadas; la opinión generalizada de que la Argentina se hallaba estancada y que los partidos eran incapaces de impulsar la modernización necesaria; el malestar de la derecha social, que no contaba con una opción de poder propia dentro del juego político democrático; en fin, la labor de ideólogos dramatizadores que vaticinaban la declinación definitiva del país, a menos que una enérgica intervención militar lo impidiera.
Hasta el mes de mayo de 1969 la iniciativa estuvo en manos de la dictadura. En marzo de 1967 había logrado mediante sanciones y amenazas poner fin a un plan de lucha lanzado por la CGT. La constitución, al año siguiente, de la “CGT de los Argentinos”, que nucleó a algunos gremios y dirigentes sindicales combativos, hizo ver que la oposición se había extendido, pero no alteraba el dominio que el gobierno tenía de la situación. Fue este control del escenario lo que cambió drásticamente a partir de 1969.
En Corrientes, el alza de la tarifa del comedor universitario llevó a los estudiantes a la calle y, el 15 de mayo, la represión policial provocó la muerte de un estudiante. La solidaridad estudiantil trasladó inmediatamente la agitación y la lucha a la ciudad de Rosario, donde dos días después resultó muerto otro estudiante universitario. En Rosario las demostraciones contra el gobierno se generalizaron y se hicieron más violentas, por lo que Onganía dispuso la ocupación militar de la ciudad. Las dos CGT declararon entonces un paro general para el día 30 de mayo. En fin, el 29, en Córdoba, donde los sindicatos habían dispuesto un paro de 48 horas con movilización callejera, estalló la revuelta que se conocería como “Cordobazo”. Lo que ese día comenzó como una manifestación de trabajadores se convertiría con el paso de las horas en una protesta popular contra el gobierno y, tras la muerte del obrero Domingo Mena, las calles de la ciudad se transformarían en teatro de combates entre los grupos manifestantes y la policía provincial. Por la tarde, cuando la policía se había replegado, el Ejército se hizo cargo de la represión. Sólo al día siguiente las autoridades recuperaron el control de la ciudad: la lucha había dejado un saldo de más de veinte muertos.
El Cordobazo fue el comienzo del fin tanto del gobierno de Onganía, como de todo el experimento autoritario. La movilización popular contra el régimen militar ya no se detuvo y el modelo de la pueblada como forma de protesta se propagó a otras ciudades: Tucumán, Mendoza, Cipolleti. En 1971, ya sin Onganía y preocupados por su creciente aislamiento de la sociedad civil, los jefes militares comenzaron a buscar una salida del atolladero mediante el retorno al régimen constitucional, los partidos y las elecciones. El peronismo debía ser parte de la solución y para ello se pondría fin a su larga proscripción política. La cuestión a resolver sería el rol de Perón, exilado en Madrid, en esa salida.
Para entonces un actor de nuevo tipo había ingresado en la escena: las organizaciones armadas revolucionarias. El Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT), los Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) aparecían hacia 1971 como los grupos más fuertes del militantismo armado. Para estas organizaciones, la mayoría de cuyos contingentes eran jóvenes salidos de las clases medias, sólo la Revolución podía abrir paso a una Argentina liberada de la dependencia extranjera y la explotación de clase. Ese cambio radical, sostenían, no llegaría por la vía de los votos, pues los dominadores no aceptarían pacíficamente la pérdida de sus privilegios. A través de las elecciones, si eran limpias, el pueblo podía acceder al gobierno, pero no al poder. El poder, sin embargo, era necesario para construir la nueva sociedad y únicamente se lo obtendría mediante la lucha armada, un camino que exigía sacrificios, incluso el de la propia vida, pero ningún otro devolvería su soberanía al pueblo. A juicio de las organizaciones armadas, por lo tanto, la salida electoral que el régimen militar buscaba acordar con los partidos era sólo una maniobra destinada a preservar un sistema injusto. Unicamente los Montoneros, atentos a las tácticas de Perón, terminarían por respaldar la participación electoral.
Los jefes militares no pudieron gobernar el proceso político que habían puesto en movimiento. Perón se sustrajo al acuerdo propuesto por el general Lanusse, lo que convirtió la lucha electoral en una lucha contra la dictadura. El triunfo del frente peronista en marzo de 1973 cobró ese significado. El día de la asunción de la presidencia por Héctor J. Cámpora fue una fiesta colectiva: muchas esperanzas se habían proyectado en el triunfo del peronismo, aunque algunas eran divergentes y aun incompatibles entre sí. Las antinomias no tardarían en hacerse manifiestas.
La vuelta de Perón el 20 de junio marcó el fin de la breve etapa camporista y mostró a los ojos de todos la lucha que se libraba dentro del movimiento gobernante. ¿Qué camino debían tomar el peronismo y su gobierno? ¿El de la revolución, como proponía la Juventud Peronista, que había sido un actor central de la movilización electoral y simpatizaba con los Montoneros? ¿El que querían los dirigentes sindicales, cuya utopía era más bien la de regresar a la Argentina Justicialista de 25 años atrás, aunque con más poder? ¿El de Perón, que desde el gobierno retomaba el control del movimiento, enfrentando el desafío de los jóvenes? La muerte del viejo caudillo el 1 de julio de 1974 produjo gran consternación en el país, pero el luto duró poco y la pugna no tardó en reanudarse, cada vez más violenta. Ya en manos de Isabel de Perón, el gobierno se convirtió en una facción de esa lucha y su hombre de confianza, José López Rega, organizó el escuadrón de la Triple A para ejecutar a los adversarios. El descubrimiento de cadáveres se volvió parte de la crónica diaria.
Las fuerzas armadas, que se habían replegado tras la escena después de las elecciones de 1973, vieron que se les presentaba nuevamente la ocasión para aparecer como grupo salvador. Mientras preparaban su vuelta al poder, acosaron al gobierno de Isabel Perón, sumido en el aislamiento y desprestigiado, hasta destituirlo el 24 de marzo de 1976. La doctrina de la seguridad nacional, que seguía rigiendo el pensamiento militar, inspiró la teoría y la práctica de lo que se llamaría “guerra sucia”, destinada no sólo a liquidar a las organizaciones armadas, sino a disciplinar a toda la sociedad. Los jefes militares no querían que esta vez hubiera retrocesos y emplearon el terror estatal a fondo. Cuando, seis años después, la derrota de Malvinas los obligara a buscar una vez más una salida, los hechos criminales que hasta entonces sólo habían denunciado las Madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos alcanzarían poco a poco la conciencia pública: decenas de miles de desaparecidos, centros de detención clandestinos, torturas atroces…
En 1985 llegó la hora del juicio a las Juntas Militares del régimen que había comenzado aquél 24 de marzo. Quienes hasta sólo tres años atrás eran hombres todopoderosos, dueños de la vida y la muerte de los ciudadanos, se verían sometidos a la soberanía de la ley. En un proceso ejemplar fueron juzgados y condenados de acuerdo con ella. Un hecho inédito en la historia argentina que la democracia hizo posible. Las dolorosas heridas que dejó en la sociedad la última dictadura aún siguen vivas, pero un nuevo capítulo para la vida nacional comenzó con ese juicio.
Etiquetas: Buenos Aires, derechos humanos, historia, política

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